Frente a la insólita y destemplada campaña de desprestigio contra el diario La Nación impulsada y alentada por personeros de la Alianza por Chile, entre ellos el Presidente de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile se hace un deber en señalar lo siguiente:

1. La Nación, como todo medio de comunicación masiva, tiene el derecho a tener su línea editorial lo que no es en modo alguno incompatible con el ejercicio, por parte de sus periodistas y editores, de un trabajo veraz, oportuno y objetivo.
2. Si la Alianza por Chile considera que La Nación ha incurrido reiteradamente, según ha señalado, en activismo político, debiera haber hecho las denuncias del caso en las instancias pertinentes del Colegio de Periodistas y no lanzar al voleo afirmaciones en las que, incluso, acusó –como lo hizo Hernán Larraín el martes 3 de julio por Radio Cooperativa- a este Colegio de no cumplir su rol fiscalizador.
3. Lo que pareciera molestar a la Alianza por Chile es la práctica del pluralismo informativo –propio de una sociedad realmente democrática- el que existe en Chile en escasa medida y uno de sus pocos representantes es el Diario La Nación. Al escuchar a Larraín se podría suponer que la Alianza por Chile se sentiría cómoda con la lógica vigente durante la dictadura militar, donde la verdad informativa era una sola: la de los medios ligados a este sector político.
4. El diario La Nación instituyó en enero de 2005 un Consejo Editorial pluripartidista, entre cuyos integrantes se contaron a dos personeros de la UDI y RN –Germán Concha y Félix Viveros, respectivamente- quienes se retiraron voluntariamente de esta instancia en diciembre del mismo año. Ello da cuenta de la preocupación de La Nación por ejercer el pluralismo en su accionar.
5. El Colegio de Periodistas no tolerará nuevos agresiones gratuitas a medios de comunicación democráticos, donde sus profesionales actúan con el profesionalismo y la ética que corresponde a una actividad crucial para la democracia: que la ciudadanía tenga el pleno derecho a estar informada.