El estudio es fruto de un largo trabajo desarrollado por profesionales del Ministerio de Bienes Nacionales, con aportes y visiones de distintos organismos del Gobierno vinculados a las políticas de derechos humanos, como el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de Derechos Humanos, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dibam, entre otros.

En la ceremonia de presentación de este Catastro estuvieron presentes los máximos representantes de estas reparticiones: Nivia Palma, Maria Luisa Sepúlveda, Oscar Acuña, Raquel Mejías, la subsecretaria Lorraine De Laire; los sacerdotes Percival Cowley y Alfonso Baeza. Participaron también el director de Flacso-Chile Claudio Fuentes; Paz Rojas, presidenta de Codepu, Rodrigo del Villar, del Parque por la Paz Villa Grimaldi; Patricio Martínez, presidente Metropolitano del Colegio de Periodistas y los presidentes de las Agrupaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro y de Familiares de Ejecutados Políticos, Patricia Silva.

Entre los objetivos de este catastro está el transparentar y difundir el uso que se dio a inmuebles fiscales entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en la violación a los derechos humanos, identificando su localización y distribución territorial, su administración en el período de dictadura y en la actualidad.

A lo largo de todo el país hubo un total de 1.132 recintos de detención, los cuales se mencionan en los testimonios recogidos en la Comisión Valech. De estos, 802 son individualizados en el Informe de la Comisión y son la base para el estudio catastral. 515 de ellos eran de Propiedad Fiscal.

En su discurso, la Ministra Romy Schmidt, destacó que el objetivo de este proyecto es poner a disposición de todos un registro para la memoria histórica de Chile. “Nos anima el propósito de contribuir a que los ciudadanos recordemos siempre que la democracia es preciso cuidarla y fortalecerla, y entregar un legado a las nuevas generaciones”, afirmó.

Agregó que cuestiones tan fundamentales como los Derechos Humanos, no pueden quedar a merced de la mirada más o menos cercana que un determinado Gobierno tenga del tema. “Para que esa convicción se apropie de la gente es preciso mirar más allá de las normas: hay que apelar también a la memoria”, sentenció la Ministra.